ACTA N° 3-2006

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, San José, a las ocho horas con cuarenta  minutos del  primero de marzo del año dos mil seis. Se inicia la presente sesión ordinaria con la asistencia de la Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, quien preside; Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial; Licda. Andrea Murillo Fallas en representación del Ministerio Público; Lic. Horacio González Quiroga, Juez Tribunal Superior Contencioso Administrativo;  Licda. Marta Iris Muñoz Cascante,   Jefa de la Defensa Pública;  Dr. Víctor Ardón Acosta, Juez Tribunal Superior de Trabajo, MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal y la Licda. Odalia Campos, Secretaria  de la Escuela Judicial. El Lic. Francisco Segura Montero, representante  de la Dirección del Organismo de Investigación Judicial se excuso.

ESCUELA JUDICIAL

ARTICULO I

Se aprueba el acta N°2-2006 del 9 febrero  de 2006 quedando pendiente la aprobación del artículo XI.

ARTICULO II

La señora María Elena Barrantes Hidalgo, Prosecretaria General Interina, en oficio 892-06 del 10 de febrero de 2006, transcribe acuerdo del Consejo Superior de la sesión N°7-06 celebrada el 7 de febrero del presente año que dice:

“ARTÍCULO LXXVIII

El licenciado Carlos Toscano Mora Rodríguez, Jefe de la Sección de Asesoría Legal, con el visto bueno del licenciado Alfredo Jones León, Director Ejecutivo, en oficio N° 101-DE/AL-08, de 31 de enero del año en curso, comunica lo siguiente:
“En atención al oficio N°10-CD/EJ-06 de 23 de enero en curso, suscrito por el doctor Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial, transcribiendo el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en la sesión N°1, celebrada el 19 de enero de los corrientes, artículo X (adjunto copia); sobre la rescisión del contrato N°70-CG-03, suscrito entre la Universidad Internacional de la Florida y el Poder Judicial, y su respectiva liquidación; me permito referirle lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Reglamento General de Contratación Administrativa, el trámite de la rescisión contractual que debe observar el Órgano Adjudicador es la siguiente:

· Estando claras las causales de rescisión, debe tomar el acuerdo correspondiente y notificarlo al interesado, para que en el término de diez días hábiles se manifieste sobre el particular. Este acuerdo de rescisión tiene los recursos ordinarios y extraordinarios que señala la Ley General de la Administración Pública.
· Una vez firme se procederá a liquidar al contratista la indemnización que le corresponda. Cuando la rescisión se origine en caso fortuito o fuerza mayor, la administración debe resarcir por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que haya incurrido el contratista para la ejecución total. En el presente caso, como el término del contrato es por mutuo acuerdo, también es recomendable reconocer la parte efectivamente ejecutada por parte del contratista, amén de que así lo solicita la Universidad Internacional de la Florida.
En cuanto al procedimiento para aprobar la referida liquidación, conforme lo dispuesto en el artículo 13.4 del citado cuerpo reglamentario, es necesario proceder de la siguiente forma:
· La administración dispone de un plazo de treinta días hábiles para tramitarla y está obligada a verificar todos los rubros presentados. 
· Para su pago requiere la aprobación previa de la Contraloría General de la República, Órgano que dispone de treinta días hábiles para aprobar o improbar la resolución o efectuar las observaciones que considere pertinentes.”.
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El mencionado oficio Nº 010-CD/EJ-06 literalmente dice:
“Le transcribo el acuerdo tomado por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, en la sesión N°1 celebrada el 19 de enero del año 2006, que literalmente dice:

“ARTICULO X

El Dr. Luis Salas Calero, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en oficio del 5 de noviembre de 2005 remite al Dr. Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte suprema de Justicia, la Liquidación del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°70-CG-03, que dice:

“Agradeciéndole la atención brindada a la solicitud que presentáramos el pasado mes, y estando de acuerdo las partes en que pongamos término a la contratación por mutuo acuerdo, de conformidad con lo acordado por el Consejo de la Escuela Judicial, y siguiendo las instrucciones al efecto, nos permitimos adjuntar el cuadro de liquidación de contratación de servicios profesionales, para los fines correspondientes.

Como lo indicáramos anteriormente, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) N° 70-CG-03 ha sufrido una serie de modificaciones sustanciales ( especialmente en los aspectos presupuestarios y metodológicos ) que -según les hemos explicado- vienen a ocasionar un serio desequilibrio económico en relación con las condiciones originalmente convenidas y que imposibilitan a FIU  el poder concluir satisfactoriamente el proyecto.

Resumiendo las labores ejecutadas, a la fecha se ha completado el Hito 1 del proyecto con la entrega a completa satisfacción de la Unidad Ejecutora del Informe de Diagnóstico y Perfil de Entrada y aprobado por el Consejo de la Escuela Judicial, por lo que la Corte nos adeuda las sumas que se detallan en el anexo adjunto. De igual manera, paralelamente al diagnóstico, se fueron trabajando áreas estratégicas para ir implementando parte de las recomendaciones surgidas en dicho diagnóstico. Fue posible, mediante dinámicas participativas, el definir la visión, misión y objetivos estratégicos de la Escuela. Así mismo, se trabajó en equipos la construcción del Plan de Trabajo 2006 bajo el nuevo marco estratégico de manera que, se avanzó en algunos aspectos contenidos en el Hito 4; se conformaron comisiones de trabajo por áreas y se realizaron reuniones de seguimiento hasta obtener el plan señalado anteriormente. Se aplicó una herramienta que define el perfil de respuesta de los funcionarios de la Escuela ante cambios (DISC) y se entregaron los resultados a la Dirección, Sub-dirección y a cada uno de los funcionarios, dando la explicación técnica para que pudieran comprender los reportes e iniciar la implementación de mejoras sugeridas en relación con la estructura administrativa y de funcionamiento de la Escuela. Adicionalmente, se elaboraron los primeros esquemas que describen los principales procesos de funcionamiento, gestión y elaboración de productos de la Escuela. De tal manera que, además de  haberse cumplido con las obligaciones contractuales relacionadas con los dos primeros pagos del contrato, se hizo entrega, en síntesis, de los siguientes productos: 

•	Plan Estratégico para los próximos cinco años.
•	Plan de Trabajo 2006 (el producto del trabajo de las comisiones fue trasladado al formato institucional por la Escuela Judicial)
•	Reporte técnico sobre resultados del DISC 
•	Dinámicas de trabajo generales y con grupos específicos para la obtención de los productos arriba señalados.

	El cuadro adjunto refleja los montos contractuales correspondientes a cada uno de los hitos del contrato (ejecutados y cumplidos, los mismo que aquellos no cubiertos en su totalidad). 

Entendemos que se nos adeuda el Hito 1 y que con su pago se procedería a la liquidación final del contrato. Además,  entendemos que operará una deducción del 25% sobre el primer pago realizado y  sobre el correspondiente al pago del Hito 1. 

En resumen, le solicitamos que interponga sus buenos oficios con el propósito de que podamos firmar a la mayor brevedad posible el acuerdo de rescisión, de forma que podamos recibir el pago del monto que se nos adeuda y retirar la garantía de cumplimiento que fue depositada y se nos ocasione el menor daño patrimonial posible.

Le agradecemos a usted y la Corte en general la confianza depositada en nosotros para la ejecución de este proyecto y esperamos poder volver a trabajar con ustedes en alguna otra oportunidad.

Liquidación final en contratos de servicios

1.Objeto de la Contratación	2. Monto total de la Relación Contractual por elementos de seguimiento (hitos de control).	3.  Desglose de los hitos  cubiertos así como su valor total al 17 de Octubre de 2005
	4. Desglose de los hitos no cubiertos al 17 de Octubre de 2005
	Monto a liquidar por cumplimento de hitos al 17 de Octubre de 2005
	
Prestación de servicios profesionales para: elaborar un programa de Formación Inicial de Jueces que contenga un análisis de las necesidades de formación de jueces, un estudio del marco legal, propuesta del proceso de admisión y selección de los participantes, diseño curricular, orientación del proceso de producción de materiales requeridos, propuesta de reorganización administrativa, propuesta de financiamiento que permita a la EJ la ejecución del Programa en concordancia con las normas legales y de otra índole existentes y aquellas que se requieran para implementarlo.					
	$ 170,000.00				
		Entrega del plan de trabajo para la ejecución de  actividades Monto  $34,000.00		Pagado
	
		Hito 1. Informe de diagnóstico y perfil de entrada $51,000.00		$51,000.00	
			Hito 2. Informe sobre la elaboración del marco normativo $8,5000.00		
			Hito 3. Informe sobre el proceso de admisión. $8,500.00		
			Hito 4. Informe de recomendaciones sobre el apoyo a la Escuela Judicial en la reestructuración administrativa para la implementación del programa. $8,500.00.
		
			Hito 5. Informe que entregue la macro y microprogramación. $34,000.00		
			Hito 6. Informe sobre la propuesta de financiamiento. Hito 7. Entrega de materiales didácticos. $8,500.00		
			Informe Final. $17,000.00		

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El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela Judicial y el Lic. Mateo Ivankovich Fonseca LL.M, Subdirector de la Escuela Judicial en oficio  EJ-DIR-05-2006 de fecha 18 de enero del año en curso dice:

	“En representación del equipo de contraparte de la Consultoría para el Diseño del Programa de Formación Inicial de Jueces, manifestamos los siguientes aspectos en cuanto a la Liquidación del Contrato de Servicios Profesionales N° 70-CG-03, presentada por el representante de la empresa consultora Universidad Internacional de la Florida, Dr. Luis Salas Calero, el pasado 5 de noviembre de 2005.

-	Consideramos que los montos indicados en la liquidación final, presentada por la empresa contratista, se ajustan legalmente a lo establecido en el contrato en su cláusula Sexta.- Honorarios, Moneda y Forma de Pago.

-	Efectivamente, la etapa correspondiente a la Entrega del plan de trabajo para la ejecución de actividades fue debidamente cancelada a la empresa consultora por un monto de $34.000,00 dólares.

-	Asimismo, el Hito 1. Informe de diagnóstico y perfil de entrada, fue entregado por la adjudicataria y aprobado por la Escuela Judicial. En consecuencia, se le adeuda a la empresa contratista el monto de $51.000,00 dólares, menos las deducciones tributarias que procedan de acuerdo a la legislación nacional.

-	Por último, se debe indicar que los montos no cubiertos por la empresa consultora corresponden a los hitos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el informe final, por lo que no deben ser cancelados.

Las anteriores consideraciones, se realizan en cumplimiento del procedimiento de rescisión contractual establecido en el artículo 13.3.7 del Reglamento General de la Contratación Administrativa.       
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SE ACUERDA:  Acoger el  informe rendido por la contraparte  de la Consultoría para el Diseño del Programa de Formación Inicial de Jueces en oficio EJ-DIR-05-2006 de fecha 18 de enero de 2006 y se aprueba la liquidación del Contrato de Servicios Profesionales N°70-CG-03 presentada por el representante de la empresa consultora de la Universidad Internacional de la Florida, Dr. Luis Salas Calero.  Comuníquese a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente.  ACUERDO FIRME.

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En virtud de lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y habiéndose verificado preliminarmente las causales para la resolución contractual conforme consta en ese acuerdo, se dispuso: Conferir audiencia al doctor Luis Salas Calero, en su condición de Apoderado Legal de la Universidad Internacional de la Florida, para que en el plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de este acuerdo, exprese su posición y aporte la prueba que considere pertinente. Se declara firme el acuerdo.”
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SE ACUERDA:  Tomar nota.

ARTÍCULO III

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte en oficio  N°1129-06 de fecha 17 de febrero de 2006, transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena en la sesión N°01-06, celebrada el 23 de enero del 2006, que dice:

“ARTÍCULO XXVIII
	En sesión de Corte Plena del 10 de octubre del año anterior, artículo V, se dispuso solicitar al Consejo de Personal, se sirviera formular una recomendación en cuanto al tema de las becas y al Consejo Directivo de la Escuela Judicial, en lo concerniente a las prioridades de la Escuela.
Mediante oficio # 1041-JP-2005, del 1° de diciembre pasado, el máster Francisco Arroyo Meléndez transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de Personal en sesión # 21-2005, del 24 de noviembre del año pasado, artículo IX, que literalmente dice:  
“Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el artículo IX de la sesión del Consejo de Personal  N° 21-2005 celebrada el veinticuatro de noviembre pasado, el cual literalmente dice:
“La Corte Plena, en sesión celebrada el 10 de octubre, artículo V, acordó solicitar al Consejo de Personal la elaboración de algunas propuestas para definir las políticas de becas para el presupuesto 2007.
Para estos efectos, se revisó el Reglamento de Becas y Permisos de Estudio en el Poder Judicial, así como la Reglamentación para el Otorgamiento de Becas en el Poder Judicial.
Luego de un intercambio de criterios, el Consejo de Personal propone las siguientes políticas en materia de becas para el año 2007:

POLITICAS DE BECAS
 1-Ante la ausencia de un Plan General de Becas, asociado a una política de desarrollo profesional por medio de la capacitación, el Poder Judicial ha dispersado sus recursos humanos y presupuestarios en esta materia, tratando de ofrecer alguna alternativa, pero sin un eje rector, por lo que no se obtienen soluciones integrales.  Ante este panorama, y con el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento posible de los recursos, y en el tanto la Escuela Judicial propone las pautas de dicho plan, el Poder Judicial  debe implementar  una política orientada hacia la concentración en tres programas básicos:
a-Programa de Maestría en la Universidad de Costa Rica.
b-Programa de Maestría en Administración de Justicia, de la Universidad Nacional.
c-Programa de Becas al Exterior.
2- El Programa de Becas al Exterior debe mantenerse, pero delimitarse a obtener títulos académicos debidamente reconocidos y en universidades donde exista convenio con el Poder Judicial.  No se estima recomendable otorgar becas en cursos cortos o programas que no se orienten a la obtención de títulos profesionales, con excepción de aquellos derivados de programas o convenios debidamente establecidos, y que tienen por objeto el refrescamiento de conocimientos.
3-Todo tipo de curso de actualización, refrescamiento o educación continua debe ser valorado previo a su otorgamiento por el Consejo de Personal, con el fin de determinar su conveniencia institucional.
4-El Poder Judicial deberá aprobar anualmente, la cantidad de becas nacionales e internacionales que pueda otorgar en el siguiente período presupuestario, así como su distribución entre los distintos programas presupuestarios.  Del mismo modo, y con base en la propuesta que al efecto establezca la Escuela Judicial, se definirán las materias o áreas de interés institucional que serán objeto de éste beneficio. Para elaborar esta propuesta, deberá coordinarse con los jerarcas de los distintos órganos del Poder Judicial.
 5-Para la selección de los beneficiarios de beca, el Consejo de Personal podrá utilizar los mecanismos que estime pertinentes, y definirá parámetros objetivos,  con el objetivo de establecer si el candidato está en las mejores condiciones personales para asumir el esfuerzo que demandan estos programas de estudio.
6-Otorgar becas nacionales, sin conceder el respectivo permiso con sueldo para efectuar los estudios,  no resulta recomendable, ni razonable, ya que la carga académica demanda un esfuerzo importante, y no puede esperarse un rendimiento adecuado si el servidor debe atender su despacho. Por esta razón, el Poder Judicial deberá presupuestar los recursos necesarios para que los becarios gocen de las condiciones elementales para realizar sus estudios.
7-Es preciso que la Escuela Judicial defina la forma en que los estudiantes que concluyen sus estudios, puedan dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones contractuales relacionadas con la docencia y publicaciones. Deberá la Escuela Judicial incluir dentro de sus planes de capacitación y en una forma debidamente planificada, la incorporación de todos aquellos becarios para que cumplan su compromiso con esa entidad en un plazo razonable, así como llevar el control de esa responsabilidad.
8-Deberá modificarse el Reglamento de Becas y Permisos de Estudio del Poder Judicial, para hacer los ajustes respectivos cuando se trata de becas en la modalidad de permiso sin goce de salario, ya que las obligaciones deben ser razonables y congruentes con el tipo de beneficio concedido. 
 9-Modificar la Reglamentación para el Otorgamiento de Becas en el Poder Judicial (18/12/1995, artículo XI) en el siguiente sentido:
a-Artículo 7. Para que se señale que esa responsabilidad corresponde a la Escuela Judicial, como ente rector de la capacitación en el Poder Judicial.
b-Artículo 12. Para que se indique que el plazo concedido incluye la conclusión de la tesis, y no solamente la carga académica.”
Se declara acuerdo firme.”
Manifiesta el Presidente, Magistrado Mora: “En relación con los puntos marcados como dos y seis, tengo observaciones: En el punto dos, se señala que en relación con el programa de becas al exterior debe mantenerse, pero delimitarse a lo casos en que se pretende obtener títulos académicos debidamente conocidos y en Universidades con las que exista convenio con el Poder Judicial, dice que no se estima recomendable otorgar becas de cursos cortos o programas que no se orienten a la obtención de títulos profesionales, con excepción de aquellos derivados de programas o convenios debidamente establecidos. Eso me parecería muy bien si estuviéramos en situación económica diferente, pero en la actual, en la que no podemos destinar suficientes recursos para mantener varios años a servidores nuestros estudiando en otros países, creo que la opción de cursos cortos no es para desechar.  Yo fui becario de la Corte y obtuve un título de doctor en la Universidad Complutense, pero me parece que ello no resulta indispensable para desempeñarse como Juez de la República, obtener títulos de esa índole es más una exigencia universitaria y por eso creo que si a este momento tenemos graves problemas para sufragar los gastos de estudiantes en el extranjero, cerrar la posibilidad de que vayan a cursos cortos, no es del todo prudente para esta Corte. Considero que esos cursos cortos o programas de refrescamiento, de educación continua que dan algunas Universidades europeas resultan convenientes para nuestros servidores judiciales. A este momento en la Universidad de Toledo se encuentran diez funcionarios judiciales haciendo un curso de un mes y una semana en varios temas, ello lo estimo altamente provechoso y podríamos lograr que esta Universidad o alguna otra dé cursos similares a los que están haciendo en el campo del derecho constitucional, con unos cursos acá y otros en Toledo, por eso me parece que centrarnos solamente a que se logren títulos académicos de doctorado restringe a este momento mucho nuestras posibilidades, sabiendo que las posibilidades económicas no nos permiten cubrir todas las necesidades que eventualmente tendríamos de capacitación.”
	El Magistrado van der Laat adiciona: “Coincidencia con su pensamiento, señor Presidente, en cuanto a la importancia de todo tipo de capacitación, pero pienso que tal vez la limitación que se está dando probablemente viene orientada de que debe existir mecanismos de verificación del aprovechamiento o rendimiento de los cursos, que eso está implícito en la obtención de un doctorado, una licenciatura, una maestría; pero en otro tipo de cursos creo yo que sería importante que sí, que vaya el funcionario, pero que acredite que fue a cumplir con las obligaciones del curso y no a hacer una especie de turismo académico. Mi preocupación estaría cómo verificar que efectivamente se están cumpliendo con esas obligaciones.”
	El Presidente, Magistrado Mora, indica: “En cuanto a esta observación del Magistrado van der Laat, me parece del todo correcta, yo creo que bien podríamos introducirla en el acuerdo correspondiente, pero yo diría que ese dos deberíamos de redactarlo de tal manera que no excluya esta otra posibilidad.”
	Y en cuanto al punto seis, dice: “… Otorgar becas nacionales, sin conceder el permiso respectivo con sueldo para efectuar los estudios, no resulta recomendable ni razonable, ya que la carga académica demanda un esfuerzo importante y no puede esperarse un rendimiento adecuado si el servidor debe atender su despacho”. A mí en este tema me convenció el Magistrado Solís, es una lástima que no se encuentre ahora acá, cuando teníamos dificultad para dar una cantidad importante de becas para que la gente nuestra siguiera en la Universidad de Costa Rica y él señaló que cuando él era Procurador General, varios Procuradores estudiaron cursos de especialidad en la Universidad y sin embargo, continuaron cumpliendo con su carga laboral. Creo que haciendo un esfuerzo se pueden cumplir con las dos obligaciones, desde luego que ello conlleva un mayor sacrificio de parte de funcionario estudiante, pero me preocupa más restringir las posibilidades de estudio a sólo el número a quienes podemos darles permiso con goce de sueldo, lo que a este momento se restringe a los que estudian en la Universidad Nacional.  Ojala que pudiéramos dar más becas, pero la realidad es que no tenemos esa capacidad económica; ahora muchos de nuestros servidores están estudiando en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Estatal a Distancia, en la Universidad de Costa Rica y también están desempeñándose como servidores. Me parece que sería conveniente que hiciéramos un esfuerzo por aumentar la cantidad de becas que tenemos ya en la Universidad de Heredia y eventualmente dar algunas, como estamos dando ahora, con permiso con goce de salario, pero evitar de que otros compañeros puedan hacerlo más allá de nuestras posibilidades económicas, me parece que es restringir mucho esa posibilidad de capacitación.”
	SALE LA MAGISTRADA CALZADA.
	Indica el Magistrado Aguirre: “Yo opino parecido, me parece que no podríamos dictar una regla general de la cual pueda deducirse que solamente se pueden dar becas cuando es posible dar el permiso con la respectiva sustitución. Ahora se están abriendo una serie de espacios en la enseñanza que permiten a las personas que trabajan hacer cursos  de especialidades de maestrías, inclusive doctorado, sin dejar de laborar, sé que la Universidad Nacional ha venido tratando de poner en práctica una maestría sobre un sistema que se llama no sé si es tiempo compartido o de esfuerzos compartidos, que consiste en que la institución le otorga a la persona que pueda hacerlo con goce de salario el día viernes, sin sustitución desde luego y el servidor se compromete a sacrificar de su parte el día sábado. Yo sé que hay problemas y que es bastante complicado para un servidor llevar un doctorado o una maestría y al mismo tiempo trabajar pero se está haciendo y no debemos cerrarnos a esta posibilidad, de ahí que yo opinaría que esta norma sea redactada de otra manera.”
Manifiesta la Magistrada León: “A mí me parece que sería oportuno y no voy a ocultar que de hecho yo tengo una situación particular en sentido contrario, yo realizo estudios de posgrado por cuenta propia con un permiso sin goce de salario y la situación me resulta un poco imprecisa, en términos de que cuando yo regreso: ¿cuáles son mis derechos laborales? y yo creo que todo eso deberíamos aprovechar para decirlo y me refiero a los derechos labores en cuanto a continuidad, efectos de pensión, anualidades y todo lo demás porque significa no sólo que la persona está ofreciendo su medio para irse a estudiar, lo cual lo vincula con la institución después viene y cumple y porque la ley lo llama a becas se le da el mismo trato de exigencias y participación pero después cuando viene el trato es distinto, y entonces quien se va con una beca con goce de salario cotiza para el fondo de pensiones esos años le valen para efectos de la jubilación o pensión, le valen para anualidades y le vale para todo lo demás; quien se va por cuenta propia aun y cuando regrese a cumplir en idénticos términos que quien se fue y se mantiene vinculado con la institución y todo lo demás, no tiene esos otros beneficios, entonces yo si creo que es importante definirlo. Repito, es un tema en el que yo en su momento haré las gestiones del caso pero que en este momento la institución no tiene definido porque pregunté que si habían antecedentes en el Consejo y pareciera que no, si hay en el Departamento de Personal y pareciera que no, y entonces si estamos en un tema de ordenarlo yo creo que es importante también por una u otra vía que quien se va sepa desde el inicio que su regreso es bajo equis condiciones.”
	Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Magistrada León,  seguramente no le entendí muy bien cual es el planteamiento que tiene, pero me parece que sí hay normas, lo que ocurre es que las que hay son altamente injustas, porque al final de cuentas da un trato similar a quien se va con goce de sueldo y a quien se va sin goce de sueldo. Entonces lo que podríamos hacer es revisar esa normativa.”
	SALE EL MAGISTRADO JINESTA
	Agrega la Magistrada Varela: “Cuando en el Consejo de Personal estuvimos discutiendo este tema, la opinión generalizada era que es un poco grosero tener que estudiar y a la vez trabajar, pero sabiendo la reflexión que también hacíamos es que es muy difícil que la institución pueda satisfacer las necesidades de muchas y muchos funcionarios que quieren estudiar, que los tiempos actuales exigen un sacrificio de todos y que por lo tanto lo importante es tener muy claro que la institución está dando un servicio y que si a una persona se le autoriza, por ejemplo un viernes, a no asistir al trabajo, es obvio que eso va a repercutir en el rendimiento en su trabajo que no es lo mismo que si estuviese presente. Por otro lado es un tema que lo discutiríamos después y es qué pasa cuando a una persona se le da un permiso sin goce de salario, por ejemplo y que después lo obligan a firmar un contrato, que ese es un tema que lo veríamos después entonces, pero dejo aquí planteado lo que nosotros en el Consejo de Personal discutíamos, porque efectivamente aunque la recomendación es que no debería de darse esos permisos, la verdad es que los tiempos actuales exigen que se trabaje de esa forma, que las universidades privadas sobre todo están dando muchas opciones de estudio y hasta las públicas como es el caso de la Universidad de Heredia. No sé que pasó, señor Presidente, con respecto a la Universidad de Costa Rica de que iba a conversar la Presidencia con el decano, para efecto de que los posgrados se hicieran en forma vespertina: ¿eso en qué paró?.”
	Señala el Presidente, Magistrado Mora: “Ya todos los posgrados, excepto el de derecho público están de horario vespertino y los nuevos que se están programando se están diseñando para que sean impartidos también de forma vespertina.”
	Se dispuso: Aprobar - con las modificaciones citadas a los apartes 2 y 6 - las políticas de becas propuestas por el Consejo de Personal para el  año 2.007.
	La Secretaría General procederá a elaborar la correspondiente publicación en el Boletín Judicial.”
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SE ACUERDA: Tomar nota.

ARTICULO IV

La Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, en oficio N°1319-06 del 23 de febrero de 2006, transcribe acuerdo tomado por el Consejo Superior en la sesión N°7-06 celebrada el 7 de febrero de 2006 que dice:

“ARTÍCULO LXXXI

En sesión Nº 100-05 celebrada el 20 de diciembre del año anterior, artículo L, se dispuso comisionar al Presidente, Magistrado Mora, a efecto de que se reúna con el licenciado Jorge Alberto González Pinto, a efecto de tratar lo relativo a la publicación del “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos. Metodología pericial".
Manifiesta el Magistrado Mora, Presidente, que en cumplimiento del citado acuerdo conversó con el licenciado González Pinto el 6 de febrero en curso y él le expresó que lo que desea es que la obra no se pierda y que se publique con cualquier imprenta, que no tiene inconveniente que el Poder Judicial, quien tiene derechos de autor, lo publique. Propuso dos posibilidades que él publique y le ofrezca un porcentaje del 10% al Poder Judicial por los derechos, otra es que conjuntamente se publique la edición y se le retribuya al Poder Judicial, quien copatrocinara la obra, un 50%.
Por último expresa que el diccionario es de utilización de jueces en el campo de derecho penal y también de psicólogos. 
Se acordó: 1) Tener por hechas las manifestaciones del Magistrado Mora. 2) Solicitar informe a la Procuraduría General de la República en cuanto al artículo 63 de la Ley de Derechos de Autor.”
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SE ACUERDA: Tomar nota.  Se comisiona a la Licda. Alejandra Monge Arias, Abogada de la Escuela Judicial para que levante una lista por razones de interés y materia  de las oficinas del Poder Judicial a los cuales de se le debe  distribuir el  “Diccionario de Psicología Clínica Forense: Principales síndromes y trastornos. Metodología pericial” y luego la remita al Sr. Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela para que realice al distribución.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO V

El señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial, en oficio  EJ-ADM-036-2006 de fecha 28 de febrero de 2006, dice:

“Para que a través de su digno medio sea conocido por el Consejo Directivo de la Escuela Judicial, me permito exponer lo siguiente:

Con instrucciones de la Dirección y Subdirección, la Administración de la Escuela y Auxiliares Judiciales hemos venido asumiendo las labores de Coordinación de actividades académicas así como un nuevo proceso de “Administración de Cursos” que hasta hace poco tiempo se encontraban en manos de los compañeros Profesionales en Derecho 2.

Al revisar y analizar los procesos de algunas de esas actividades así como las inversión de tiempo, recursos humanos y materiales; en el Caso de los Ciclos de Conferencias 2005 que normalmente se realizan los días viernes en el Auditorio Judicial, obtenemos el siguiente cuadro:

Certificados emitidos	San José
1.444	Otras regiones
325	Total emitidos
1769	
Certificados retirados	953 (66%)
¢227.767	289 (88%)
¢69.071	
100%
¢422.791	
Certificados no retirados	491 (34%)
¢117.349	36 (12%)
¢ 8.604		

	Al cuadro anterior se debe agregar la revisión “grafoscópica” de 168 registros de firmas para un total de 2520 asistentes de los cuales 751 (30%) no cumplieron con el requisito de asistencia para obtener el certificado pero que de igual manera demandan toda nuestra atención. Una vez ubicados en San Joaquín de Flores la variable tiempo-recurso humano aumentaría en razón de tener que desplazar a San José al menos a tres Auxiliares Judiciales durante las segundas audiencias de los días viernes.

Por otra parte la Escuela no cuenta con mecanismos para “medir” el impacto (relación costo/ beneficio) que dichas Conferencias tienen sobre la población civil y judicial.

De la información anterior se desprende que:

1.	La “estrategia de certificar” nos está provocando una altísima inversión en tiempo (horas hombre), procesos y actividades con una efectividad final menor a un 50%; ya que solo el 49,25% de los asistentes (1242 personas) cumplen con el requisito para certificar mientras que un 50,75% (527 personas que no retiran certificados más 751 que no cumplen con el requisito para certificar) no lo cumplen.
2.	Dado lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Control Interno, punto 1.2 Objetivos del Control Interno relacionado con la Eficacia y eficiencia de las operaciones para el logro de los objetivos al menor costo así como la Valoración del Riesgo, solicito de la manera más respetuosa al Consejo Directivo de la Escuela Judicial: A) Mantener el espacio de los días viernes para desarrollar una nueva estrategia de divulgación y mercadeo de la Escuela Judicial. B) Eliminar la certificación de los Ciclos de Conferencias por las razones expuestas en el punto 1. C) Pasar de una estrategia basada en “certificar información” a una estrategia basada en la promoción de “Foros de discusión y análisis de temas punta” que promuevan la educación y la formación y no solamente la participación para obtener un certificado.

Respecto de las actividades académicas del Ministerio Público, Defensa Pública y los Cursos de Control Interno, una vez revisados los procesos y actividades en que participa la Escuela a través de la Administración y Auxiliares Judiciales; con todo respeto me permito solicitar: A) Que una vez aprobadas por parte del Consejo Directivo las actividades académicas tanto del Ministerio Público como de la Defensa Pública y su posterior envío al Consejo Superior; sean esos Centros de Responsabilidad los encargados de llevar el expediente de curso y todo lo que ello implica (documentación relacionada con inclusiones y exclusiones de participantes, cambio de fechas, registros de firmas, cotejar firmas, informe al Departamento de Personal para lo que corresponda, tramite de certificados ante Departamento de Artes Graficas, etc) de tal manera que la participación de la Escuela se limite a recibir el informe final para ser incluido en la base de datos y pasar a firma los certificados.

Lo anterior con el propósito de eliminar la practica de llevar expedientes de cursos en la Escuela o que se dupliquen procesos y actividades que son resorte de las Unidades de Capacitación del MP y Defensa Pública. 
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SE ACUERDA:   Comunicar al señor Vicente Martínez Oporto que se aprueban las siguientes recomendaciones: A) Mantener el espacio de los días viernes para desarrollar una nueva estrategia de divulgación y mercadeo de la Escuela Judicial y B) Eliminar la certificación de los Ciclos de Conferencias por las razones expuestas. 
Respecto a los demás puntos previos a resolver en la próxima sesión, se traslada para estudio de los miembros de este Consejo.  ACUERDO FIRME.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL:

ARTÍCULO VI

La Licda. Waiman Hin Herrera, Coordinadora Área Gestión de la Capacitación, el MBA. Mauricio Quirós Álvarez, Jefe Desarrollo Humano  con visto bueno del MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal, en oficio  N°003-CAP-2006 del  9 de febrero de 2006 dice:

“En esta dependencia se recibió el oficio PCDRH-001-06, suscrito por la Licda. Syra Vega Aguilar, Coordinadora del Proceso de Capacitación en el Registro Nacional, por medio del cual ofrecen para 30 servidores del Poder Judicial, el curso “Derecho Notarial y Registral para Funcionarios Judiciales”.

La coordinación para encauzar esta actividad formativa se inició a petición verbal del Lic. Randall Zamora Zamora, Jefe de la Sección de Fraudes del OIJ.  De acuerdo con la nota enviada por el Registro Nacional y conversaciones telefónicas sostenidas recientemente, la intención es proveer conocimiento a quienes les corresponde atender delitos en materia registral, de ahí que resulta importante participar a investigadores de la Sección de Fraudes, fiscales de la Unidad de Fraudes del Ministerio Público y jueces penales. (Se adjunta copia del diseño curricular del curso)

La actividad está planificada para llevarse a cabo en el mes de marzo de 2006, en seis sesiones de cuatro horas cada una y en un horario de las ocho a las doce medio día.

Para el desarrollo de esta actividad formativa el Registro Nacional estaría aportando lo siguiente:

•	Cuatro facilitadores:  los licenciados Óscar Rodríguez Sánchez, Walter Salazar Chaves, Mauricio Soley Pérez y el Master Enrique Alvarado Valverde, todos funcionarios del Registro Nacional.
•	Una copia del material didáctico.
•	Un certificado para cada uno de los participantes reconocido por la Dirección General del Servicio Civil.  

Por su parte, al Poder Judicial le corresponderá aportar: 

•	Un lugar dentro de las instalaciones del Poder Judicial, apto para impartir el curso.
•	Un proyector multimedia (video beam), computadora y pantalla de proyección, pizarra y marcadores.
•	Reproducción del material didáctico para cada uno de los participantes.
•	La definición de las fechas en las que se realizará el curso.

Adicionalmente se informa, que por medio del oficio 117-F-06, la Sección de Fraudes comunica la lista con los nombres de los investigadores e investigadoras que estarían asistiendo a este curso, la cual se incluye como anexo. 

Debido a la importancia y trascendencia del tema para los investigadores del OIJ, fiscales y jueces, además de su gratuidad, nos permitimos remitir la invitación enviada por el Registro Nacional, con la finalidad de que se realice la formalización necesaria.
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La Mag. Calzada considera que sería conveniente que se impartieran más cursos sobre este tema y recomienda que el Director de la Escuela converse con la Licda. Syra Vega Aguilar al respecto y debido a que  son cursos que no están previstos dentro del plan de la Escuela se podría solicitar ayuda económica a la Corte con el propósito de solventar los problemas que se han venido presentando en este campo.

SE ACUERDA: Aprobar el curso de capacitación  que ofrece la Licda. Syra Vega Aguilar, coordinadora del Proceso de Capacitación en el Registro Nacional, sobre “Derecho Notarial y Registral para Funcionarios Judiciales” a realizar en el mes de marzo del año en curso y dirigido a 30 servidores del Poder Judicial (10 servidores de la Sección de Fraudes del O.I.J., 10 Fiscales y 10 Jueces en materia Civil, Laboral, Penal y Notarial y la utilización de un aula, proyector multimedia (video beam), computadora, pantalla de proyección, pizarra, marcadores y la reproducción de material didáctico para cada uno de los participantes.  La fecha del curso se debe definir. Se comisiona al Sr. Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda y al Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Director de la Escuela para que converse con la Licda. Vega para analizar la posibilidad de impartir más cursos o que sean reproducidos por funcionarios del  Poder Judicial.  ACUERDO FIRME.

ASUNTOS VARIOS

ARTÍCULO VII

El Lic. Gustavo Cordero Vargas,  Enfermero Profesional del Comité Local de Estudio Integral de Niño/a y los/as Adolescentes Agredidos/as (CLEINA) de la Clínica Dr. Salón Núñez,  en oficio de fecha 16 de febrero de 2006 dice:

“Primeramente tanga nuestros saludos más cordiales por parte del Comité Local de Estudio Integral de Niño/a y los/as Adolescentes Agredidos/as (CLEINA) de la Clínica Solón Núñez Frutos.

Ala vez solicitarle la colaboración por parte de la Escuela Judicial en cursos de capacitaciones sobre los temas correspondientes a violencia intrafamiliar y abuso sexual, así como, la posibilidad de facilitarnos material didáctico que tenga en disposición.

Dicha petición obedece al interés de coordinar interinstitucionalmente con ustedes y otras  entidades a las que nos concierne el bienestar social de la población costarricense.

Agradeciendo de antemano todo el apoyo y cooperación a la solicitud en mención.”
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La Mag. Calzada recomienda que se prepare una conferencia sobre el tema solicitado y se gire invitación a todos los comités ya que en los cursos se habla mucho sobre procesal y considera que ellos no lo necesitan, sino más bien es información sobre la parte de la denuncia en esos casos, explicar la obligación que existe etc. 

La Licda. Andrea Murillo dice que podrían solicitar a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público colaboración para que los Fiscales encargados de impartir capacitación en ese tema colabore en esa conferencia.

SE ACUERDA:  Comisionar a la Licda. Yadira Brizuela Guadamuz para que organice una conferencia informativa para todos los Comités del país  sobre el tema de  “Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual”, considerando las necesidades que tienen los comités y la posibilidad de facilitarles información.  Se le sugiere que converse con el  Lic. Gustavo Cordero Vargas del  Comité Local de Estudios del Niñ/a /a y los/as Adolescentes Agredidos/as (CLEINA) de la Clínica Solón Núñez Frutos para conocer cuáles son las necesidades que ellos tienen sobre el tema.  ACUERDO FIRME.

SE RETIRA EL MBA. FRANCISCO ARROYO  MELENDEZ

ARTÍCULO VIII

La Licda. Milena Conejo Aguilar, Coordinadora de la Comisión de Control Interno, en oficio de fecha 27 de enero de 2006 dice:

“Como parte de las funciones específicas de la Comisión de Control Interno, conjuntamente con la Escuela para el 2006, se han programado nueve cursos a lo largo de este año con las siguientes fechas:

Nombre de la actividad académica	Modalidad	Población meta	Fechas y lugares	
I.- Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento, 	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.	San José
6, 13, 20 y 27 de marzo	
2. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.	San José
3, 17 y 24 de abril
2 de mayo.
	
3. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.	San José
9, 16, 23 y 30 de mayo.
	
4. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.
	San José
6, 13, 20 y 27 de junio.	
5.  Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.
	San José
3, 10, 17 y 24 de julio.	
6. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.
	San José
1, 8, 22 y 29 de agosto.

7. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.	San José
1, 8, 22 y 29 de setiembre

8. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares y Jefes de despachos administrativos.	San José
3, 10, 17 y 24 de octubre
	
9. Curso sobre el enfoque de control interno adaptado para el Poder Judicial	Aprovechamiento	Jueces, asistentes judiciales, auxiliares  y Jefes de despachos administrativos.	San José
6, 13, 20 y 27 de noviembre.

Por lo anterior, solicitamos a la Escuela Judicial su colaboración en la coordinación logística para poder llevar a cabo estas tareas, como se ha realizado en años anteriores, pues sabemos que la Escuela es consciente de la importancia que conlleva el cumplimiento de  las mismas.”
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SE ACUERDA:  Aprobar la realización de los cursos de Control Interno en las fechas indicadas.  Se comisiona al Sr. Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ARTICULO IX

La MSc. María Elena Gómez Cortés, Coordinadora de la Comisión permanente para el seguimiento y prevención de la Violencia Doméstica  del Poder Judicial, en oficio N°014-CVI-2006 de fecha 28 de febrero de 2006 dice:

“Como parte del Plan de Trabajo de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el 2006 y en coordinación con el apoyo de la Secretaría Técnica  de Género,  respetuosamente se solicita el visto bueno para realizar tres talleres, dos de actualización el próximo 31 de marzo y 7 de abril, y el 5 de mayo es un taller de evaluación de la eficacia y eficiencia de la Ley contra la Violencia Doméstica a diez años de su vigencia.

Asimismo, se solicita la autorización del Consejo Directivo de la Escuela Judicial para certificar los mismos.”
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SE ACUERDA:  Aprobar la realización de dos talleres de actualización  el 31 de marzo y 7 de abril de 2006  y uno el 5 de mayo de 2006 de evaluación de la  eficacia y eficiencia de la Ley contra la Violencia Doméstica a diez años de su vigencia.  Se autoriza la confección de certificados.  Se comisiona al señor Vicente Martínez Oporto, Administrador de la Escuela Judicial para que coordine lo que corresponda.  ACUERDO FIRME.

ACUERDO X

El señor Jaime Zeledón González, Investigar N°1 de la Delegación Regional de San Carlos, en oficio de fecha 28 de febrero de 2006 dice:

Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez les solicito valorar mi participación como alumno invitado (sin permiso del Consejo Superior) en el XXXIV curso Básico de Investigación Criminal, en los módulos de Defensa Personal y Armas de fuego (revólver, pistola y escopeta) de lo cual adjunto documentos por parte de los instructores que impartieron la capacitación en ambos módulos, donde consta que cumplí con las horas, notas y requisitos necesarios para aprobar satisfactoriamente los mismos.

Esto con el fin de que dicha capacitación impartida por parte de la Unidad de Capacitación del O.I.J., me sea reconocida por parte de la Escuela Judicial y aportarla a mi currículo ya que ahora laboro como Investigador N°1, en la Delegación Regional de San Carlos. 
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El Dr. Alfredo Chirino informa que el señor Zeledón  realizó el “L Programa Básico de Formación en Investigación Criminal “  (el cual contempla dichas materias) y que le fue reconocido por el Departamento de Personal.  Ahora solicita que se le reconozca  esos mismos cursos que realizó como oyente (sin permiso del Consejo Superior ) en el curso XXXIV.  Considera que previo a resolver sería conveniente conocer el criterio del MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe del Departamento de Personal ya que le preocupa la doble certificación.

SE ACUERDA:  Trasladar la solicitud del señor Jaime Zeledón González, Investigador I de la Delegación Regional de San Carlos, al MBA. Francisco Arroyo Meléndez, Jefe Departamento de Personal  para que rinda su criterio al respecto de acuerdo con las políticas establecidas. ACUERDO FIRME.

ARTICULO XI

La Mag. Ana Virginia Calzada Miranda, Presidenta del Consejo Directivo manifiesta que durante el mes de marzo estará trabajando con proyecto del “Plan Fiscal”  y le preocupa que la Corte Plena no le haya nombrado suplente para que la asista en sus ausencias  en las sesiones del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, por lo que pide que  se tome un  acuerdo al respecto para que la Corte nombre el/la Suplente.

SE ACUERDA: Solicitar a la Corte Plena que procesada a realizar el nombramiento del Magistrado que asistirá  a las sesiones  como Presidente Suplente del  Consejo Directivo de la Escuela  Judicial en caso de ausencia  de la actual  Presidenta, Mag. Ana Virginia Calzada Miranda.  ACUERDO FIRME.

Se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos.

Mag. Ana Virginia Calzada Miranda                 Dr. Alfredo Chirino Sánchez
                  PRESIDENTA                              DIRECTOR ESCUELA JUDICIAL